En España se dispone de leyes para todo, y dicen los que entienden que la legislación es adecuada. Pero el deporte nacional patrio es incumplir la ley. La relación de normas y leyes ampliamente incumplidas seria muy extensa, y a bote pronto se me ocurre la ley de extranjería, las leyes tributarias, las leyes urbanísticas, o las normativas municipales o de tráfico. Dicen que el treinta por ciento de la economía del país es economía sumergida, basada en el dinero negro, y debe ser cierto pues explica la ausencia de estallido social a pesar de las altas cifra de paro según las estadísticas oficiales. Incluso el último garante del cumplimiento de las leyes, la justicia, contribuye con su disparatada lentitud al sentimiento de que todo el monte es orégano y que cumplir las leyes no es lo adecuado en sí mismo, sino una necesidad sólo cuando hay riesgo de que te sancionen.
Pero las leyes hay que cumplirlas, esto marca la diferencia entre una republica bananera y un país democrático y avanzado, habitado por personas respetables. Todos los ciudadanos tiene la obligación de cumplir la ley, y los poderes públicos –los que tienen poder coercitivo- tienen además la obligación de hacer cumplir la ley, y así juran o prometen los cargos públicos al acceder a sus puestos.
Hace unos días dimitió el alcalde de Carratraca, Oscar Román, de IU. La primera impresión es que nos encontramos ante el Bakunin del siglo XXI, que dimitió para no tener que sancionar a sus vecinos, que se saltaron la torera la injusta ley que impide tener una casita en el campo. Pero cuando la razón toma relevo al sentimiento no parece tan romántica su decisión, y probablemente huyó para no tener que enfrentarse él mismo a la justicia, pues era su obligación hacer cumplir la ley, una ley que conocía bien y fue entusiastamente apoyada por su partido, y era su obligación preventivamente haber impedido a tiempo la construcción de las viviendas ilegales pues, como es bien sabido, las casas, a diferencia de las setas, no crecen en una sola noche.
El problema de las construcciones ilegales, lo que en Estepona llamamos campitos, es por su volumen una bomba de relojería, y no está claro cómo desactivarla, pero su explosión puede terminar saturando los juzgado de alcaldes y técnicos municipales, así como de vecinos, para los que la amenaza de multa y derribo quita el sueño y, si se cumple, dejará a muchos en la ruina, y no seré yo el que no me compadezca de la ruina de mis conocidos, sobre todo cuando muchos son personas humildes o de buena voluntad.
A mi escaso entender la LOUA (Ley de ordenación urbanística de Andalucía) es una chapuza, alejada muchas veces del sentido común, pero doctores tiene la iglesia, y los doctores del PSOE dicen que es muy buena, y los del PP que es manifiestamente mejorable.
Muchos argumentan que los Ayuntamientos, sobre todo los mas pequeños, no pueden cumplir son sus obligaciones de disciplina urbanística, supondría un enfrentamiento muy serio con sus vecinos, a la vez sus votantes, o con amigos y familiares. Propugnan que en estos casos las competencias urbanísticas pasen a depender directamente de la Junta de Andalucía, o incluso, con sarcasmo no carente de sentido, que pasen a depender de los gobiernos sueco o alemán, de seriedad mas contrastada. Que urbanismo dependa directamente de la Junta de Andalucía, sobre todo en aspectos de ordenación y disciplina parece una vuelta atrás en la deseable autonomía de los municipios, y en muchos casos seria como llevar a los pueblos al impopular por sancionador Comendador, con el riesgo de que acabe como el de Fuenteovejuna, en el pueblo todos a una.
Los miles de viviendas ilegales en Andalucía están ahí, y sus expediente guardados en cajones que nadie quiere abrir, cual caja de Pandora, pero antes o después habrá que regularizar la situación, intentando conjugar el cumplimiento de la ley con una actitud no demasiado punitiva contra lo vecinos.
Damián Zamorano Vázquez
Publicado en Estepona Información. 30.1.2010
