Reforma de la administración local

Alguien dijo alguna vez que todo gobierno era una coalición forzada entre el equipo de gobierno y el responsable de hacienda. Dicho de otro modo, todo gobierno tiene dos partes, una persona que gestiona el dinero y el resto de los miembros, que lo gasta. En muchos municipios y comunidades autónomas se jugó en la época del pelotazo a ningunear a los responsables de la hacienda y, estando los políticos libres de su tutela, fueron a su aire en el gasto, y pasó lo que pasó.

Lo habitual en aquellos años felices era que si el político de turno juzgaba que algo era útil o conveniente, simplemente lo hacia, y si había o no dinero para hacerlo eso era algo secundario, dios proveería. En este contexto dios era subir los impuestos, especular convirtiendo campos de patatas en terrenos urbanizables, o practicar el deporte de moda nacional, acumular deudas que, gracias al euro,  parecía afición gratuita. Con este esquema, primero decidir el gasto y luego buscar el dinero, se hicieron cosas meritorias, mejorando muchas infraestructuras y servicios y se realizaron actividad de utilidad social, como equipamientos deportivos y guarderías públicas en pueblos, aunque con frecuencia se asumían voluntariosamente actividades fuera del ámbito de competencias de los ayuntamientos. Con esta laxitud presupuestaria también de despilfarró a manos llenas (televisiones locales, aeropuertos inútiles y un inmenso etcétera) y se practicó hasta el aburrimiento el nepotismo y el clientelismo más feroz como botín de la victoria de los políticos sobres los ciudadanos comunes.

De aquellos excesos muchos municipios padecen una herencia insoportable: un gasto corriente desorbitado y deudas millonarias. Estepona es un claro ejemplo. Hay que racionalizar el funcionamiento y el gasto del ayuntamiento, y además debe realizarse pronto pues la crisis financiera y fiscal del Estado así lo exige. Y es una pena que la burbuja municipal no se hubiera desinflado en la época de las vacas gordas, pues ahora el precio de cualquier ajuste es difícil de asumir, sobre todo cuando hay despidos de por medio.

Para dentro de un mes esta previsto que se apruebe la ley de reforma de la administración local. La idea es que primero se evalúen las posibilidades económicas de los municipios y, en base a este análisis, se decida que hacer con los servicios. Si esto servicios no son de obligada prestación (y hay un catalogo al efecto) simplemente deben desaparecer si no hay dinero para mantenerlos. También, para evitar duplicidades, las actividades sanitarias y educativos pasaran a ser desempeñadas por las comunidades autónomas.

La ley aun esta negociándose, con algunos puntos conflictivos, como la posibilidad de privatizar servicios, pero este punto puede sin más obviarse, pues no aporta nada desde el punto de vista técnico: privatizar o gestionar de forma directa no es mejor ni peor, todo depende de las circunstancias y la voluntad política. Otros aspectos requieren aclaración, por ejemplo que ocurrirá con las guarderías municipales, que en teoría deben pasar a ser competencia de las comunidades autónomas, y esto es difícil pues no tienen un euro.

Este ley es necesaria y, como todas las leyes, de obligado cumplimento. Puede suponer otro quebradero de cabeza para el alcalde, pero también una gran oportunidad para conseguir una reforma sensata de nuestro ayuntamiento que asegure su viabilidad y eficiencia.

La posibilidad de que esta ley obligue a una reforma en profundidad del Ayuntamiento en Estepona seria un argumento para no realizar ahora ningún despido, sino buscar cualquier otra formula de ahorro en nominas para cuadrar los presupuestos, solventando el gran problema, el exceso de gasto en plantilla, según las directrices de la inminente ley. Probablemente esta ley, como todas las leyes de reestructuración, pueda aportar soluciones menos dañinas que los simples despidos, y ofrecerá un plus de seguridad jurídica.

Damián Zamorano Vázquez

Estepona Información. 23.6.2012